El saldo del gobierno de Humala: muertos, heridos, perseguidos e impunidad

lucha 118bAunque hace 5 años, Humala entró al gobierno prometiendo una transformación de las políticas neoliberales, prontamente asumió la continuidad de esas mismas políticas. Lo lamentable es que acentuó la tendencia de criminalización de la protesta iniciada en los gobiernos anteriores.

En un artículo publicado por Servindi el 14 de julio, se realiza un interesante balance sobre los conflictos sociales en los últimos cinco años. Estos conflictos entre las poblaciones locales por un lado, y las empresas y el Estado por el otro, han dejado como saldo 50 muertos y 750 heridos. Así lo dio a conocer el abogado David Velazco Rondón en el marco de la presentación del 18º informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Estos hechos no se tienen procesos judiciales en curso. Aunque en algunos casos se han presentado pruebas que demuestran que las muertes y lesiones han sido causadas, en su gran mayoría, por efectivos policiales. Los conflictos socioambientales tienen su origen principalmente en la actividad minera y que el gobierno de Ollanta Humala se ha caracterizado por criminalizar a aquellos que se oponen a dicha actividad o que, simplemente, salen a protestar. Según Velazco, durante el gobierno de Humala “se ha acentuado la criminalización de la protesta, y esto se ha expresado en tres situaciones de criminalización”. Estas son: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a los que protestan, las campañas de demolición de honras contra dirigentes y, propiamente, la represión
que deja muertos y heridos.

Las regiones que presentan registro de más víctimas mortales, durante el gobierno de Humala, son Cusco y Arequipa con 6 cada una, Cajamarca y Piura con 5, Lambayeque y Madre de Dios con 4, y Loreto, Apurímac y Junín con 3 cada una. Paradójicamente, muchas de estas regiones respaldaron la candidatura de Humala el 2011, cuando prometía tomar en cuenta la posición de las poblaciones.

Durante la presentación del informe en Lima, Velazco mencionó dos casos emblemáticos de impunidad. Primero, el caso del líder ambientalista Marco Arana que el año 2012 fue uno de los que encabezó las protestas contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, en Cajamarca. “Los actos de maltrato y de tortura (contra Arana por parte de policías) fueron televisados a la prensa nacional e internacional. Sin embargo, hace unos días la Fiscalía Superior ha decidido archivar la investigación por caso de tortura, al señalar que solo se debe de investigar por abuso de autoridad”.

El segundo, el caso de Antonio Coasaca, un poblador de Arequipa que participó el año pasado de las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú. A quien efectivos policiales le “sembraron” un arma punzocortante para inculparlo de violencia y así detenerlo. “Tampoco sabemos qué pasó con estos efectivos, entonces vemos que en realidad a lo largo de estos 5 años no ha habido ninguna voluntad del gobierno de solucionar la situación de criminalización de la protesta social”, remarcó Velazco.

Comparando la criminalidad de los últimos gobiernos, vemos que Toledo finalizó con 7 víctimas mortales, mientras que García acabó con más de 100, con las manos literalmente “manchadas de sangre”. Humala aportó también una buena cantidad y preocupa que el nuevo gobierno continúe la tendencia, muchso dirán que con el fujimorismo hubiera sido peor (similar a Gaarcía probablemente), pero aunque PPK sólo siga los pasos de Humala, el saldo será igual de terrible. Tomemos en cuenta que su vicepresidenta Mercedes Aráoz fue responsable del crimen conocido como el “baguazao”, cuando era ministra de García.

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