Petroperú, el Oleoducto y un nuevo derrame

plusEl viernes 24 de junio, en plena fiesta de San Juan, que se celebra en toda la Amazonía peruana, se produjo un derrame de petróleo a la altura del kilómetro 213 del Tramo 1 del Oleoducto Norperuano, en las localidades de Barranca y San Gabino, Distrito de Barranca, Provincia de Datem del Marañón (Loreto). Se derramaron 600 barriles de petróleo en cerca de 16,000 m2, afectando a un estimado de 435 personas.

Ese mismo día, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  (OEFA) aprobó la Resolución Directoral N° 878-2016-OEFA/DFSAI en la que señalaría que Petroperú S.A. “no cumplió con remediar las zonas impactadas con petróleo por el derrame ocurrido en la localidad de Cuninico, distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto”, imponiéndole una multa de más de 10 millones de soles, pero por un derrame ocurrido dos años atrás, también en Loreto.

7 días después del derrame, el Presidente de Petroperú renunció. El 30 de junio, OEFA impuso a PETROPERÚ.SA una papeleta ambiental de 2 935.17 UIT, que equivalen a más de 11 millones de soles por el último derrame en Loreto.

Sin embargo, a partir del artículo 19 de la Ley N° 30230 (el “paquetazo ambiental”),  OEFA ha ido perdiendo potestades, recibiendo presiones e incluso se presentó un Proyecto de Ley en el Congreso que lo debilitaría aún más. El Estado está desmantelando sus entes fiscalizadores, justo al mismo tiempo que se evidencian los riesgos de contaminación creciente en la Amazonía. Incluso aparecen ciertos izquierdistas que piden no criticar a Petroperú (empresa estatal) porque al hacerlo estaríamos beneficiando a las empresas privadas, lo que es una mañosa forma de interpretar los hechos.

La verdad es que la situación de riesgo del Oleoducto Norperuano, que ya ha provocado varios derrames, ha sido advertida previamente por autoridades y sociedad civil, incluso ante Relatores Especiales de las Naciones Unidas. Hasta febrero de este año, el Oleoducto había presentado 20 emergencias solo en los últimos cinco años. cada una de estas significa un daño ambiental, social y cultural enorme; que evidencia la tendencia depredadora y saqueadora de las empresas petroleras en su conjunto.

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