EL CASO AYMARAZO Y LA JUDICIALIZACION CONTRA LOS DEFENSORES DE LA VIDA, AGUA Y 0PONERSE AL PROYECTO MINERO SANTA ANA ES RESPONSABILIDAD POLITICA DEL GOBIERNO

(Para continuar denunciando la cacería de defensores de la tierra que realiza el gobierno, publicamos un comunicado enviado por Pablo Salas Charca, dirigente de Puno)

punoEl suscrito, uno de los procesados, por el caso llamado Aymarazo en la zona sur de Puno, mayo del 2011, al respecto la fiscalía Penal Provincial Corporativa de Puno nos acusa por los supuestos delitos de EXTORSION y DISTUBIOS a una pena privativa de 26 años.

Lo indignante de este proceso en la acusación el Fiscal Provincial Penal no presenta los llamados elementos de convicción o medios de prueba que llegue a establecer la verdad sobre los hechos que se denuncia, es más, al suscrito se le extiende dicha denuncia en calidad de COAUTOR de los citados delitos en base a afirmaciones y argumentos fantasiosos; pues a la fecha se viene llevando a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR EN CONTRA DE LOS LIDERES QUE PROMOVIERON DICHAS PROTESTAS EN CONTRA DEL GOBIERNO CENTRAL, donde el Ministerio Público no advierte, que en dichas movilizaciones estaban presentes nuestras autoridades locales y regionales dado que el gobierno central venía concesionando nuestra tierras inobservando las diferentes normas legales los cuales fueron motivo de derogatoria.

El interés de esta judicialización, es una decisión política del lado del gobierno por presión del empresariado minero, que en el país no quieren tener un conflicto abierto para viabilizar muchos proyectos mineros en todo el territorio del país.

En el caso del levantamiento del pueblo AYMARA es una responsabilidad política del gobierno central, desde el gobierno de Fujimori, Toledo, Apra y actualmente Ollanta Humala, vienen siendo presionado por la SNM a través de normas legales que imponen y emiten para que tengan acceso al territorio de las comunidades campesinas en la región del Puno y el sector empresarial exigen una seguridad jurídica a su inversión privada y lo único que les queda es despojar las tierras a los verdaderos originarios y propietarios que son las comunidades campesinas.

Quien pide o solicita los petitorios? es el empresariado privado, y quien otorga las concesiones? es el Ministerio de Energía minas y los titula el INGEMMET, aquí inicia la discordia, el conflicto.

Motivo se deduce que en el caso del aymarazo es una responsabilidad política del gobierno, en eso entonces del gobierno de los apristas que lo han generado este conflicto al vulnerar los derechos constitucionales y legales de las comunidades campesinas.

En la región de Puno el presidente Regional Mauricio Rodríguez y el ex alcalde Luis Butrón Castillo están excluidos en este proceso, ellos tienen una responsabilidad política porque con el cuento de inversión, admitieron el enfrentamiento, así mismo deberá requerir en el proceso a Alan García, Ministro del interior, presidente de INGEMMET y al ministro de energía minas, dado que  dichos funcionarios tienen responsabilidad política y penalmente deben de ser juzgados por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, PREVARICATO y RESPONSABLES DE LOS DAÑOS QUE PROVOCARON DURANTE LA PROTESTA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS.

En este marco es que se llama la atención a la opinión pública, a las autoridades del poder judicial a que tienen que entender el tema de los proyectos mineros es orientado, respaldado, provocado por los gobiernos de turno.

En dicho proceso penal existe discriminación racial toda vez que el Fiscalía y Juez vienen procesándolos contraviniendo al derecho irrestricto de hacer uso de nuestras lenguas originarias del quechua y aymara porque somos originarios de los pueblos o comunidades campesinas como tal exigimos ser orientados juzgados mediante traductores o interpretes ya que no entendemos las expresiones técnicas de un proceso judicial, ya que dichas leyes y normas no pertenecen ni vienen de las comunidades, son leyes que aplican los profesionales criollos de español hablantes, motivo por el cual nuestros abogados vienen solicitando nombre un traductor o interprete sin embargo el Juez y Fiscal se oponen en forma discriminatoria dicho petitorio, puesto que es un derecho ser juzgados con nuestro idioma y no con el español o castellano.

Al no encontrar y no tener suficientemente los instrumentos de prueba de acusación, se esperaba la devolución y/o debería pasar a archivarse este caso.

Por ser directivo de CONACAMI Perú he sido citado por la Fiscalía Penal Corporativa de Puno con apoyo del ministerio interior nos viene procesando por este caso, el suscrito es inocentes, por el solo hecho de solidarizarse  por medios de comunicación con el levantamiento aymara, estoy siendo acusado en los cargos de alterar el orden público, extorsión, disturbios, y otros términos que usan los fiscales o jueces, para las acusaciones viene utilizando las declaraciones o ediciones de noticias de medios de comunicación, grabaciones o filmaciones de asambleas, o eventos comunales que para nosotros no son medios de prueba que determinen los delitos que se nos acusa.

No denuncian por delito de extorsión por protestar contra el D. S. 083- 2006- EM la misma que fue derogada por el D.S. 033-2011-PCM, evidenciándose una clara actitud de autoritarismo de gobierno de esa entonces donde el único responsable penal y político es ALAN GRACIA.

En el llamado alterar el orden público Pablo Salas No participa en todo ese acontecimiento, no se divisa en la visualización de fotos, videos, o un testigos que señale, así como supone coautoría tampoco se demuestra la participación en las reuniones incitando, agitando o indicando la planificación, se entiende que existen actas o el informe de servicio de inteligencia.

Disturbios en los distintos desmanes que visualiza igual no registra la participación física de Pablos Salas, mas al contrario aparecen en la visualización  fotos o videos de ciudadanos de origen urbano, jóvenes donde el gobierno de esa entonces propicio estos incendios por sus personajes encubiertos y/o infiltrados que se ven con rostros descubiertos y a ellos porque no se les identifico.

Los interrogatorios que realizo el ministerio público fue interrogantes capciosas, para auto inculparnos o tratando de involucrarnos entre los dirigentes y así establecer a responsables y culpables sin que existan pruebas contundentes y fehacientes que determinen de sobre manera mi responsabilidad penal.

Aquí el Fiscal nos sindica como delincuentes y al suscrito como coautor sin determinar cuales son las acciones precedentes y concomitantes y posteriores que he actuado en los supuestos delitos que se me acusa sin prueba opinando a 26 años de pena privativa lo cual es una locura es mas una actitud desmedida del Fiscal acusador, sin embargo a los ladrones corruptos este mismo representante del Ministerio Público solicita penas benignas por lo que consideramos que existe uan clara discriminación contra nuestra raza.

El suscrito No debería estar en este proceso y no estoy de acuerdo con la resolución del Juez, categóricamente Rechazo y pongo en conocimiento ante la comunidad nacional e internacional, ante los movimientos indígenas y movimientos sociales del mundo, sobre la apertura del Poder Judicial que decidió FORMALIZAR LA DENUNCIA PENAL a Pablo Salas Charca ambientalista y defensor de la vida, agua, tierra, derechos de las comunidades campesinas, de los originario y actualmente Presidente de la Comunidad Campesina Ipokate Ayllu es mas, actual Presidente del Consejo Regional de Comunidades Campesinas Originarias Región Puno, CORECOCA.

Denuncio ante la comunidad nacional e internacional como es que se viene involucrándolos en este proceso penal promovido por el gobierno actual a personas de edad avanzadas como son los abuelitos de habla aymara Pedro Cruz Parí 76 años, Rosendo Mendoza Condori 78 años de edad de, Gregoria Calizaya, Francisca Sarmiento, originarios de la Comunidad aymara, apenas saben saludar en español, a quienes el Ministerio Publico Fiscal les viene acusando por los mismos delitos y opinando descabelladamente a 26 años de cárcel y el pago de 7 millones de nuevos soles por el concepto de reparación civil a todos los acusados, y ellos se preguntaban que esta diciendo el Juez, sería oportuno escuchar los audios dice por liderar violentas protestas contra las concesiones mineras, petroleras, hidroeléctricas y concesión del sagrado lago Titikaka.

Conforme a las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de la evaluación a la petición de la fiscalía que dio por admitida, y para el inicio de la nueva etapa de juicio contra los acusados, Nuevamente los convoco para este mes de Julio se programó las citaciones, sin considerar el lugar de origen o actividad que desarrollan, quien paga el traslado de los citados, quien se encarga de cuidar a los hijos, los ganados durante los días de viaje o de interrogatorio, quien asume el tiempo perdido, muchos no disponen de economía para solicitar los servicios de un abogado.

El sueldo del Fiscal y Juez superan más de 15 mil soles mensuales, mientras la fibra alpaca libra está en 6.00 a 10.00 soles, carne alpaca libra 5.00 soles, lana de ovino libra1.50 soles, papa arroba 10.00 soles, no alcanza ni para pagar al abogado.

Por estas consideraciones recurro para llamar a las organizaciones de Derechos Humanos, colegio de abogados para que evalúen nuestro caso, a los ambientalistas, a los líderes de las organizaciones agrarias indígenas del país para que se solidaricen, expresando pronunciamiento en rechazo a la discriminación racial, los chantajes y cargos perniciosos que solo divide al país y causa más odio entre peruanos.

El próximo 23 de Julio 2015 prosigue nuestro calvario en dicho proceso penal inicuo y por demás descabellado que se viene instando en contra del suscrito que solo defiende a la vida,  al respeto de los derechos de los pueblos originarios, por lo que solicito mi inmediata desvinculación de dicho proceso al fiscal y Juez, pues, mediten que los originarios si merecemos el respeto como cualquier ilustrado criollo de corbata.

 

PABLO SALAS CHARCA

INJUSTAMENTE ACUSADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

#990070766

Runapasacha@Gmail.comq Gmail..c.

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