Lucha Indígena

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2da. Edición corregida y actualizada, Mayo 2009
Por Hugo Blanco

Terrorista es quien sabiéndose incapaz de convencer con razones, recurre al terror para imponer su criterio político

ESTUVE Y ESTARÉ CONTRA TODO TERRORISMO

Un diario me acusó de aliado del terrorismo. En esa ocasión manifesté, y ahora lo repito, siempre estuve y estoy en contra de cualquier tipo de terrorismo, por eso tuve que salir del país cuando me enteré que estaba condenado a muerte por dos organizaciones terroristas contrincantes: El Servicio de Inteligencia Nacional y Sendero Luminoso.

La ocasión en que tomé las armas fue precisamente contra el terrorismo. Explico: El campesinado organizado del valle de La Convención, Cusco, había decidido en forma democrática y pacífica dejar de trabajar gratuitamente para los hacendados. Dichos hacendados comenzaron a andar armados y a disparar al aire, amenazando matar campesinos. Cuando los campesi- nos se quejaron a la policía, ésta les contestó que los patrones tenían derecho de matarlos como a perros.

El único camino que le quedaba al campesinado era autodefenderse contra el terrorismo de los hacendados. Apro- bó eso en forma democrática, también democráticamente me ordenaron organizar la autodefensa y dirigirla. No atacamos a ningún hacendado, nos limitamos a cumplir lo acordado, no trabajar gratuitamente para ellos. Sin embargo el gobierno ordenó atacarnos y tuvimos que defendernos.

Fue por eso que pidieron para mí la pena de muerte y me condenaron a 25 años, por haber acatado la orden democrática del campesinado de defenderlo contra el terrorismo de los hacendados y del gobierno al servicio de ellos. Gracias a la solidaridad nacional e internacional estoy vivo y libre.

TERRORISMO EN EL PASADO RECIENTE

En el Perú hemos sufrido fuertemente el terrorismo de Sendero Luminoso (SL). En menor medida el del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); este último, se autocriticó de su ataque terrorista a los hermanos ashanicas, pero los secuestros que realizó, también son terrorismo.

Sin embargo, el Terrorismo de Estado practicado por los gobier- nos de Belaúnde, Alan García y Fujimori, los sobrepasó de lejos, con dos agravantes:

1º.- Mientras los miembros de SL y MRTA sabían que arriesgaban su libertad y su vida, los tres gobiernos mencionados practicaban el terrorismo sabiéndose completamente impunes. Afortunadamente, gracias al trabajo de organismos defensores de los Derechos Humanos, como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y fundamentalmente a la valiente lucha de nuestro pueblo, en el caso de Fujimori, esa certeza de impunidad se ha demostrado falsa, lo que nos hace ver que podemos lograr de que en el caso de García, sus crímenes no queden impunes. Él ahora sabe eso, por ello le alarma la sentencia a Fujimori.

2º.- Mientras SL y el MRTA fueron llevados a esa actitud equívoca por su afán de terminar con las terribles injusticias sociales que vieron en éste país, los gobiernos practicaron el terrorismo para perpetuar y acentuar esas injusticias.

La Historia ha demostrado el terrible error político de SL y MRTA, pues lo que produjeron no fue la liberación de nuestro pueblo, sino la pesadilla de 20 años de retroceso de las luchas populares, de aplastamiento de las organizaciones del pueblo; con el saldo de 70 mil muertos, la mayoría de ellos indígenas, entre ellos muchos dirigentes opuestos al terrorismo, muchos también asesinados por el propio SL. Además de los muertos la guerra interna se manifestó en desapariciones, prisiones, torturas, violaciones, destierros de los desplazados, etc.

Ahora nuestro pueblo vuelve a organizarse y emerge colectiva y vigorosamente, por eso tiembla García y recurre al terrorismo, por eso trató de resucitar al MRTA y se lanzó contra APRODEH.

TERRORISMO ACTUAL

LEGISLACIÓN TERRORISTA

La mayoría del parlamento está compuesto por los partidos de los dos gobiernos terroristas (García y Fujimori) y Unidad Nacional, el partido de las empresas multinacionales, que no ve con malos ojos el uso del terrorismo cuando está al servicio de dichas empresas.

Para instrumentar el terrorismo, García se ha provisto de legislación apropiada.

Pidió y logró que el Parlamento le diera facultades extraordinarias para legislar contra el “crimen organizado”. Las usa con el objeto de lanzarse contra el pueblo organizado.

Para la mayoría represiva del Parlamento, esto era mejor que legislar ella, pues aunque es mayoría, se hubieran escuchado molestas voces discordantes en defensa de la verdadera democracia.

Para implementar la legalidad del Terrorismo de Estado, se publicaron 11 Decretos Legislativos (D. L.), emitidos por el gobierno de García.

El D. L. 982 declara inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía que causen lesiones o muerte “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria Consecuente con eso, luego del asesinato de campesinos durante el paro agrario, García declaró: “La policía ha actuado con gran convicción y decisión y yo felicito a la policía”. Defiende al policía asesino Carlos Rodríguez acusado por el fiscal Hugo Martínez.

Llevado por su filosofía de que “hay gente que no merece vivir” dijo que las zonas cocaleras debían ser bombardeadas, sabiendo que están habitadas por familias campesinas pobres, incluyendo niños.

En su segundo período de gobierno ya son varias las personas muertas que participaban en movilizaciones y el niño de 10 años John Acosta asesinado en un desalojo.

Mediante la ley 27472 y el D. L. 982, se califica de “extorsión” a las protestas sociales que piden el respeto al medio ambiente o a los derechos humanos.

Las penas por ese “delito” son hasta de 25 años, mientras que por matar a una persona la pena máxima es de 15 años. La ley penaliza a las autoridades elegidas por el pueblo que acatando el mandato popular participen en los reclamos. Ordena su destitución.

Se extiende la incomunicación hasta por 10 días y el fiscal podrá disponer que la investigación sea secreta.

El D. L. 983 dice que la detención preventiva puede ser de 72 meses, por eso Antauro Humala continúa con “detención preventiva”.

Se acentúa el centralismo del aparato represivo, un supuesto delito cometido en cualquier parte del Perú puede juzgarse en Lima.

Según la nueva redacción del artículo 316 del Código Penal, elogiar una movilización social es un delito.

Un sindicato que decida bloquear una carretera, según el actual artículo 317 del Código Penal puede ser considerado como “asociación ilícita para delinquir”.

Si la población retiene a un funcionario abusivo o a un policía asesino por más de 15 minutos ha cometido el delito de “secuestro” que tiene 20 años como pena mínima.

Se ha restringido la libertad de reunión, ahora se debe conseguir permiso para realizarla.

Flagrancia

La constitución señala que si no hay orden del juez, la policía sólo puede detener a una persona cuando le encuentra cometiendo un delito.

Los D. L. 983 y 989 extienden elásticamente la flagrancia, dicen que se puede aplicar cuando la persona ha huido, o por declaración del agraviado o de un testigo, así como por la posesión de un bien ligado al delito.

Sabemos que es una costumbre policial muy usada “sembrar” drogas o armas para inculpar a quien quiere detener. Por ejemplo, en el anterior gobierno de García a mí me “encontraron en posesión de armas y explosivos”, sin embargo a los pocos días estuve libre, al parecer porque ningún fiscal se atrevió a manifestar haber estado presente en el allanamiento; ahora, según el D. L. 989 ya no es necesaria la presencia del fiscal, es suficiente con la fértil imaginación de los policías.

Extensión de la detención preliminar

El D. L. 989 ha extendido la detención preliminar a 7 días para el delito de “extorsión” que en el lenguaje alanista es el nombre de las movilizaciones sociales.

Además, aunque no exista flagrancia el fiscal puede extender la detención preliminar por 7 días, pudiendo los policías asesinar al detenido sin ser procesados por eso.

Disminución de las facultades del fiscal

Según el D. L. 989 la policía podrá cumplir tareas que antes competían exclusivamente al fiscal: Evaluar las pruebas presentadas por ella misma, recibir la declaración de los presuntos autores (sabemos que en el Perú esto incluye amedrentamiento e inclusive torturas) y realizar todas las diligencias y procedimientos prescindiendo completamente de la presencia, muchas veces incómoda, del fiscal.

Naturalmente que esto contradice la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero no importa, acá manda Alan y punto.

TROZOS DE ESCRITOS DE WILFREDO ARDITO VEGA, MASTER EN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DDHH (en cursivas)

Una de las peores características del año 2008 ha sido el incremento de las muertes cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales.
[...]
El gobierno dispone que serán inimputables los policías y militares que maten o hieran empleando sus armas, “en cumplimiento de su deber” (DL 982). Alrededor de sesenta personas, incluyendo una familia ayacuchana, son asesinadas desde que esta norma es publicada, la mayoría de ellas ejecutada por un escuadrón especial.
[...]
Tenemos algunas muertes producto del excesivo uso de la fuerza policial, como el caso del niño John Acosta, muerto durante un desalojo en Pucallpa o de Luis Enrique Ortiz, que apareció muerto en la comisaría de Celendín. Igualmente, la Policía ha actuado desproporcionadamente frente a diversas movilizaciones sociales, empleándose armas de fuego directamente contra el cuerpo de las personas. Producto de esta práctica murieron en febrero los campesinos Emiliano García, Rubén Pariona (Ayacucho) y Julio Rojas (Barranca), así como los obreros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco (Pataz) en julio
[...]
En dos días, en ciudades diferentes, tres campesinos son muertos a tiros por efectivos policiales. Los disparos a la cabeza revelarían una estrategia coordinada.

Tres mujeres de edad avanzada y seriamente enfermas son recluidas en una prisión de máxima seguridad, acusadas de terrorismo junto con otras cuatro personas, sin prueba alguna.

El uso de la tortura se extiende como parte de los interrogatorios policiales. Las víctimas suelen ser campesinos andinos, nativos amazónicos o jóvenes de rasgos andinos a quienes la policía confunde con criminales. Después de días, semanas o meses de cautiverio, siguen sufriendo las secuelas.

Lo que usted ha leído en los párrafos anteriores no son extractos del Informe de la Comisión de la Verdad. Son historias del año 2008, el peor en materia de derechos humanos desde los tiempos del conflicto armado. Un dato es revelador: durante el gobierno de Toledo, el promedio anual de muertes cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales era de tres o cuatro personas; el año pasado, las muertes se elevaron a 43.
[...]
Algunas muertes parecen excesos aislados, como el caso de Jean Surichaqui, asesinado por un policía en La Oroya o Luis Enrique Ortiz, que apareció muerto en la comisaría de Celendín. Sin embargo, casos como el de los mineros Manuel Yupanqui y Jorge Huanaco (Pataz) se han vuelto reiterados, fallecieron por el uso desproporcionado de la fuerza frente a las movilizaciones sociales, empleándose armas de fuego directamente contra el cuerpo de las personas.

Ahora bien, durante los años 2007 y 2008, la mayoría de muertes han sido cometidas por el Escuadrón de Emergencias de Trujillo en operaciones de “limpieza social”. Uno a uno, delincuentes que integraban diversas bandas han caído abatidos. En todos los casos, el Escuadrón señala que las muertes ocurrieron en enfrentamientos, pero mucha gente sostiene haber visto a los fallecidos cuando eran detenidos. Resulta extraño, además, que nunca se informe sobre policías heridos. Varias necropsias arrojan huellas de tortura o disparos a corta distancia.

Los periódicos trujillanos se refieren con naturalidad a la existencia de “una lista” de delincuentes a ser eliminados, aunque al menos doce personas sin ninguna relación con las bandas mencionadas también han fallecido.

Todas estas muertes se producen al amparo del Decreto Legislativo 982, que desde agosto del 2007 otorga inimputabilidad a policías o militares. En la práctica, en Trujillo ha venido operando la pena de muerte, a cargo del Escuadrón de Emergencias.

En todos los casos que se produjeron el año pasado, los paralelos con lo ocurrido en los años ochenta son impresionantes: las autoridades rechazan todas las denuncias, atribuyéndolas a intereses políticos.

La familia ayacuchana

…, en el lugar que señaló Lucy Pichardo fueron hallados los restos de su conviviente, Félix Canchanya (24 años), sus hermanos Maximiliano (32 años) y Alejandro Pichardo (17 años) y Rosa Chávez Sihuincha (21 años), quien era conviviente de Maximiliano y estaba embarazada con cinco meses de gestación.

Los cuerpos estaban sepultados a ras del suelo y encima existía una estructura de calamina para incrementar el calor y acelerar la descomposición de los cuerpos. Los informes forenses revelaron que murieron por disparos de arma de fuego realizados a corta distancia, por la espalda, lo que echa por tierra la versión de un enfrentamiento entre militares y terroristas. Sólo a Maximiliano Pichardo le dispararon inicialmente desde un helicóptero. Ninguno de los fallecidos tenía vínculos con grupos subversivos o cultivos de coca, porque esa zona no es buena para ello. Los tres varones eran, además, parte del Comité de Autodefensa de Mayobamba, del cual Maximiliano era Vicepresidente.

Lo más terrible de todo lo ocurrido es pensar en los pequeños hijos de Maximiliano: Moisés, de seis años y Rosa Linda, de apenas un año, cuyos cuerpos no han sido encontrados. No se sabe si la patrulla militar los asesinó o si los dos niños perecieron abandonados en la selva.

Una primera hipótesis para explicar este crimen es atribuir la responsabilidad al oficial a cargo del operativo, Jorge Hurtado Hurtado, nada menos que hermano del tristemente célebre Telmo Hurtado, quien en 1985 ordenó la masacre de Accomarca, donde también fueron asesinados varios niños pequeños, lo cual el mismo oficial admitió ante los congresistas que investigaron la masacre. Actualmente, él está detenido en Miami y se espera que pronto sea extraditado el Perú.

Sin embargo, en Ayacucho se maneja una segunda hipótesis mucho más grave y es que la muerte de la familia Pichardo tenía la intención de atemorizar a los demás campesinos y lograr que se retiren.

EL MUSEO DE LA MEMORIA

El gobierno alemán ofreció una donación para instalar el “Museo de la Memoria”, dedicado a mostrar los horrores de la guerra interna en que fue sumido el Perú durante 20 años, para que eso no vuelva a suceder. Naturalmente esta oferta fue rechazada por el gobierno de García, al respecto Wilfredo Ardito dijo: “Ante este panorama, personalmente me habría sorprendido que el gobierno de Alan García aceptara la donación alemana para la edificación de un Museo de la Memoria. Un Museo no tendría mayor sentido para el régimen actual, considerando que desde los primeros días en el poder promovió la pena de muerte…… y que ha generado tantas muertes concretas.”

Posteriormente, ante la abrumadora ola de críticas por el rechazo, Alan fue convencido por Mario Vargas Llosa de aceptar la donación, cuya dirección estará a cargo precisamente de Mario Vargas Llosa. Recordemos que él fue el encargado por Belaúnde de averiguar lo sucedido con los periodistas asesinados en Uchuracay. Su labor fue salvar de responsabilidad al gran asesino de esa época, el general Noel, nombrado dictador militar de Ayacucho, por lo tanto García tiene garantizado el silencio, que por ahora todavía no hará posible la esperanza de Ardito: “Cuando, algún día, tengamos ese Museo, deberá incluirse también el año 2008, para analizar cómo pudimos regresar a convivir con la barbarie, sin darnos mucha cuenta de ello.”

PRIMER PERÍODO 1985-1990

Una razón que explicaría los actuales afanes terroristas de Alan García podría ser la añoranza de lo que hizo en su primer período y que ahora le es difícil repetir.

Se necesitaría un libro de varios tomos para relatar sus crímenes del 85 al 90. En este folleto sólo podemos hablar de algunos de los más conocidos.

Los muertos de este período fueron más que los asesinados por Belaúnde o Fujimori.

ACCOMARCA

En agosto de 1985 el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, luego de recibir la información sobre presencia senderista en el distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, dispone la elaboración del “Plan Huancayocc” para la captura y/o liquidación de los senderistas.

El 14 de agosto el subteniente Telmo Hurtado y sus subordinados llegaron a la quebrada de Huancayocc y Lloccllapampa, donde encontraron chozas precarias usadas durante la cosecha de maíz. Ingresaron por varios frentes disparando sus armas. Luego de tomar posesión del terreno buscaron choza por choza a los campesinos y los condujeron a una llanura. Los agruparon en dos viviendas separando a hombres y niños por un lado y mujeres por el otro. Los testigos indican que antes de eso las mujeres fueron llevadas a una acequia donde habrían sido violadas, pues escucharon gritos.

Después comenzó la masacre de hombres, mujeres, ancianos y niños. Gritos de terror estremecieron el ambiente. Los atacantes continuaron disparando, luego lanzaron granadas de guerra y finalmente incendiaron las viviendas con las víctimas adentro. La masacre continuó en las semanas siguientes matando a los testigos.

El 8 de setiembre mataron a Brígida Pérez y a su hijo Alejandro Baldeón. El 9 de setiembre detuvieron a Martín Baldeón de 66 años, su esposa acudía al cuartel a llevarle alimentos, el 16 de ese mes la detuvieron y nunca más se supo de ellos.

El 13 de setiembre fueron encontrados en el cementerio de Accomarca los cuerpos de 5 personas aún sangrantes, mostraban huellas de haber sido muertas a balazos poco antes de la llegada de una comisión investigadora del Congreso de la República.

El ascenso de Telmo Hurtado fue meteórico: teniente, capitán, mayor. Él explicó que era correcto matar niños pues cuando crecieran serían terroristas.

EL FRONTÓN

Las condiciones de vida en las cárceles se hicieron insufribles para los presos acusados de terrorismo. Además del maltrato sistemático, la lentitud de los procesos judiciales era grave, puesto que muchos de los acusados eran absolutamente inocentes.

En esas circunstancias se produjo el asesinato de un ex jefe del Servicio de Inteligencia de la Marina; a raíz de esto el Ministro de Marina declaró: “…a los asesinos terroristas no los va a amilanar la pena máxima… la gente irrecuperable tiene que eliminarse de la sociedad….. Sepan los subversivos que han herido profundamente a la institución y al país entero, y sepan también que han despertado al león”.

Los presos se enteraron de que el régimen preparaba un genocidio en venganza por el referido asesinato y se amotinaron. El motín de la isla penal El Frontón estaba siendo tratado por las autoridades civiles: Juez, fiscal, y director del penal, quienes trataban de resolver la crisis pacíficamente. Sin embargo, con el objetivo de “restablecer la autoridad” el gobierno promulgó el anticonstitucional Decreto Supremo Nº 006-86-JUS por medio del cual se declararon los establecimientos penales como “zonas militares restringidas” con lo que se impidió la participación de autoridades civiles. En El Frontón, el juez, el fiscal y las autoridades penitenciarias fueron encerrados en las oficinas administrativas y no fueron liberados hasta después de terminada la masacre, a las 11 de la noche. Esto fue dispuesto personalmente por el viceministro del Interior, según dijo, por orden de Alan García.

Los miembros de la Marina de Guerra actuaron bajo el mando del entonces capitán de navío Luís Giampietri, quien, gracias a la masacre de El Frontón tuvo ascensos mucho más exitosos que Telmo Hurtado el asesino Accomarca; ahora es el Vicealmirante Giampietri Primer Vicepresidente de la República. La Marina utilizó para la masacre no sólo el armamento tradicional, sino bazucas, morteros, dinamita y explosivos de alto poder, con los que lograron desaparecer la edificación después de la masacre.

En el asesinato masivo que se realizó el 19 de junio de1986, murieron 3 infantes de marina y por lo menos 118 internos. Según el testimonio rendido ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación por dos efectivos de la Marina que participaron en la masacre, los presos que se rindieron fueron torturados y luego asesinados a balazos y con armas blancas. También declararon que el viceministro Mantilla mediante un radio operador se comunicaba durante todo el tiempo con “un superior”, naturalmente que era Alan García. Muchos internos asesinados eran inculpados, varios de ellos fueron declarados inocentes y absueltos después de muertos, como Norberto Durán Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera.

En el penal de San Pedro no quedó ni un sobreviviente.

En el penal de mujeres de Santa Bárbara murieron dos personas.

En un documento del Departamento de Estado de Estados Unidos, desclasificado el 2002, figura que el embajador ricano David Jordán manifestó que a Alan García le parecía que la masacre tenía su “lado positivo” ya que acabó con dos “centros de adoctrinamiento”.

Las víctimas fueron sepultadas clandestinamente en varios cementerios.

Yo pude ver unas tumbas en el cementerio de Santa Eulalia. Luego de enterrado judicialmente el caso, ante una reclamación de APRODEH el 2006, el fiscal Edgar Chirinos declaró fundado el reclamo y dispuso que se amplíen las investigaciones por 120 días.

Un año después el fiscal Chirinos fue removido de su cargo. Últimamente la fiscal del caso no pudo visitar El Frontón por impedimento de la Marina.

CAYARA

El 13 de mayo de 1988 SL emboscó a dos camiones portatropas del ejército en Erusco, anexo del distrito de Cayara, provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho.

El jefe Político Militar de Ayacucho ordenó la preparación del “Operativo Persecución” para capturar y/o eliminar a los senderistas.

El 14 de mayo, alrededor de 100 soldados entraron en Cayara,mataron a Esteban Asto.

El pueblo celebraba la festividad de la Virgen de Fátima, los militares creyeron que festejaban el ataque senderista. Detuvieron a la población separando a los hombres de las mujeres y los niños. Encerraron a 5 hombres en la iglesia, las mujeres escucharon disparos, posteriormente se encontró a los 5 asesinados en otro lugar.

Por la tarde, informados de que la mayor parte de la población se encontraba en Ccehua, los soldados fueron ahí., reunieron a la población, aproximadamente 80 campesinos indígenas, hombres, mujeres y niños. Los torturaron exigiéndoles que entregaran las armas usadas en el ataque senderista, Luego seleccionaron a los varones jóvenes y adultos, eran 20; les obligaron a norteameecharse en el suelo para torturarles y asesinarles en presencia de mujeres y niños.

Cuando se hizo pública la noticia de la masacre Alan García manifestó claramente su respaldo a las Fuerzas Armadas por la lucha contra la subversión.

Al igual que en Accomarca la masacre continuó con los testigos: El 18 de mayo fueron detenidos Jovita García, Alejandro Echeccya y Samuel García, los llevaron a una parte alta de la comunidad y los asesinaron.

En junio fueron secuestrados Guzmán Bautista, Gregorio Ipurre, Humberto Ipurre, Benigno Palomino y Catalina Ramos. Al parecer Guzmán Bautista había hablado con las delegaciones de parlamentarios y con la revista “Caretas”.

En diciembre los testigos de la masacre Justiniano Tinco, Fernando Palomino y Antonio García fueron asesinados por encapuchados.

En setiembre del siguiente año fue asesinada por encapuchados con uniforme militar la última testigo importante que quedaba, Marta Crisóstomo.

El fiscal Escobar exhumó tres cuerpos, que fueron identificados como Alejandro Echeccya, Samuel García y Jovita García.

Como no contaba con facilidades de transporte, sólo trasladó el cuerpo de Jovita, cuya necropsia estableció que estaba embarazada, presentaba diversas fracturas en las extremidades y tenía el cráneo destrozado.

Cuando los investigadores de la fiscalía retornaron, encontraron que los otros dos cuerpos habían sido retirados de sus tumbas, El fiscal Escobar declaró: “En una conversación que tuve con el coronel Rafael Córdova, el segundo de Valdivia Dueñas en el cuartel Los Cabitos, me dijo: El presidente Alan García ha viajado conmigo a Cayara después de que conversara con usted y ha sido él quien ordenó remover los cadáveres inmediatamente porque usted sabía dónde estaban enterrados” Después de publicada esta declaración, el fiscal Carlos Escobar fue trasladado, luego destituido y finalmente amenazado. Tuvo que refugiarse en el extranjero.

“CERCA DE MIL PERSONAS FUERON RECLUIDAS EN LOS CABITOS Y NO SALIERON NUNCA MÁS”

Artículo de “La República” del día domingo 27 de abril de 2008

500 familias reclaman los restos de sus seres queridos desaparecidos en el cuartel Nº51, en Ayacucho.

Ana Véliz y Elías Navarro.

“Por el trabajo realizado y los testimonios recogidos, hemos calculado que son mil las personas que ingresaron detenidas a Los Cabitos y nunca más salieron”, reveló el jefe del Instituto de Medicina Legal (IML), Luis Bromley Coloma. Indicó que están en medio de una cruzada de búsqueda de desaparecidos. “Hay 500 familias que reclaman a sus seres queridos, y no sólo uno, sino dos o tres”.

El equipo de 20 antropólogos forenses del IML dirigidos por la Fiscalía Supranacional de Ayacucho ha encontrado 81 cuerpos y diversos restos humanos en un pequeño terreno dentro del cuartel, y tienen pendientes 15 áreas más por trabajar dentro de la zona denominada “La Hoyada” .

“Es escalofriante lo que vamos descubriendo en cada fosa: hombres, mujeres y niños asesinados. Un niño y un no nacido no son terroristas, no hay justificación para sus muertes”, expresó el médico.

Fueron asesinados

El trabajo de gabinete forense ha concluido en los 81 cuerpos de hombres mujeres y niños encontrados en las primeras fosas. Éste arrojó que la causa de muerte común para todos es el de proyectil de arma de fuego. Presentan disparos en la nuca y la cabeza.

Además, los cuerpos de los adultos evidencian signos de torturas, huesos largos rotos. Por lo que se concluye que fueron duramente golpeados y luego eliminados.

Ahora ha comenzado el trabajo de identificación mediante pruebas de ADN.

Para este trabajo se han recogido las muestras de los 81 cuerpos, los mismos que serán cotejados con las muestras de ADN de las 500 familias que reclaman los cuerpos de sus familiares. Al respecto, Bromley comentó que en cuatro meses se tendrán los primeros resultados de las rigurosas pruebas genéticas. Los familiares han entregado información de cada persona: sus nombres, partidas de nacimiento, fotos y características físicas, que serán cotejados con el perfil de ADN recogida en cada caso. Todo este trabajo se realizará en el laboratorio especializado que tiene el IML en Ayacucho y que fue construido con apoyo de la Unión Europea para el recojo y diagnóstico de ADN.

Los niños perdidos

La fiscalía supranacional de Ayacucho a cargo de Andrés Cáceres está trabajando la lista oficial de desaparecidos en el cuartel Nº 51, más conocido como Los Cabitos, en el que hay al menos 50 niños y adolescentes, entre los 3 y 16 años de edad, desaparecidos tras ser detenidos junto a sus padres y familiares acusándolos de ser terroristas durante los años 1983 y 1994. Estos datos se encuentran en los reportes de las diversas organizaciones de Derechos Humanos que colaboran con la fiscalía.

Es así que de los 81 cuerpos, tres son de niños entre 4 y 12 años de edad, y tienen un disparo de bala en la cabeza y las manitos atadas para atrás.

Familia asesinada

Uno de estos restos es de una niña de cinco años que fue encontrada en una fosa junto a los cuerpos de una pareja que, según los peritos, serían sus padres.

Los cadáveres tenían vestimenta en mal estado de conservación y presentaban orificios de bala en la cabeza y las manos atadas con soguillas hacia la espalda.

Ahora los peritos buscan información en estos cuerpos, que muy pronto contarán su historia.

Pretenden construir casas en “La Hoyada” La abogada de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, informó que resulta extraño que el Ejército haya donado parte de los terrenos de Los Cabitos a la Asociación de Vivienda de Suboficiales del Ejército Peruano, la cual ahora pretende construir sus viviendas en la zona de excavación de “La Hoyada”.

Comentó que la fiscalía supranacional se ha opuesto indicando que esta zona esta inmovilizada, pero la asociación insiste y han pedido mediante oficio que el fiscal levante esa orden o, en todo caso, que terminen para poder empezar sus construcciones. Este lugar, explicó Cano, no es óptimo para vivienda, pues está junto al aeropuerto y al penal.

Al parecer, el Ejército quiere ocultar para siempre las huellas de sus delitos. Ante ello, los familiares han empezado una vigilia continua para impedir que se instalen en los terrenos.

BASE MILITAR DE CAPAYA, APURÍMAC 1987-1989

Frases de las declaraciones recogidas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el año 2002

Irene.- Los soldados nos decían “¡Caminen rápido! Todos son terrucos” A patadas nos agarraban a todos, con la punta de sus armas nos punzaban en todo el cuerpo…. Yo no podía caminar porque estaba cargando a mi hijito…. Ni cuando se ponía a llorar tenían lástima los soldados, me seguían castigando.
[...]

Hildebrando.- A mi esposa la detuvieron [...]. Sin considerar que recientemente había desembarazado, la interrogaron golpeándola con el arma [...]. Fui detenido, sometido a maltratos, me desnudaron e hicieron tiro al blanco con cuchillos…. Me ponían el fusil a la espalda y luego disparaban cerca de mi cabeza.
[...]

Armando.- Casi encuentro la muerte porque me han castigado pisoteándome en todo el cuerpo. Cuando reclamaba me golpeaban la boca con la culata del arma, cuando no contestaba me pateaban en la cara. Por eso estaba con los ojos tapados y la boca reventada.
[...]

50033.- Mi hermana Elisa fue detenida, envió una nota que decía: “Tengo plazo hasta el 20 de octubre; si no me van a fusilar” [...].

Me entrevisté con un teniente, con engaños me condujo a una habitación y me violó amenazándome con un cuchillo. De esa violación nació mi hija Elizabeth. Posteriormente viajé a Abancay para encontrarme con un coronel que me dijo que me iba a ayudar, me pidió un carnero, quesos, huevos, dinero, Tuve que trabajar como empleada doméstica del coronel por 6 meses.
[...]

500254.- A mí solita me llevaron a la base militar Capaya. Había personas detenidas, entre ellas dos mujeres; no tenían qué comer, sólo las sobras de los soldados, eran como para los chanchos.

En el cuarto donde estuvimos había sangre. Los detenidos decían que aquí los soldados matan gente. Los soldados cada cierto tiempo nos maltrataban a puntapiés, no había ni agua para tomar, mucha gente de sed ha tenido que tomar su orín. Todas sus necesidades hacían en el mismo cuarto donde estábamos detenidos.

A las mujeres los soldados les sacaban en las noches para violarlas.
[...]

Celia.- A estas cinco personas los sinchis habían castigado hasta romper las manos de alguna de ellas. Después fueron llevadas a la base militar de Capaya. De ahí desaparecieron tres, entre ellas mi tía Mercedes.
[...]

Emilia.- Mi hermano Lucio Cruz fue llevado a la base militar de Capaya donde lo mataron. Me contaron que lo habían pedaceado y tirado al barranco.
[...]

María.- Mi cuñado Mariano fue detenido, torturado y desaparecido por los soldados de la base militar de Capaya. Los familiares han llevado bastante comida y bebida tipo banquete para que lo dejen libre. La esposa fue a reclamar, quisieron detenerla, ella de miedo no volvió, Una noche los soldados entraron a su casa, la maltrataron y la violaron. Desde esa fecha cambió bastante, se comportaba como una loca, se alcoholizó y quedó embarazada de la violación. Ya no fue igual, se fue a la selva abandonando a sus cuatro hijos.
[...]

Ever.- Se maltrataba psicológicamente a niños y a pobladores en general, bajo amenaza con armas de fuego y mostrando algunas partes humanas, como dedos cortados de algunas de las víctimas.
[...]

Felícitas.- Un capitán le pidió dinero en préstamo a mi esposo, como no le dio, le torturaron, lo metieron en una piscina dentro de la base de Capaya, sacándole semimuerto. También fue castigado en el torreón, fue colgado desnudo, ha muerto como producto de las torturas.

También el ejército llevaba gente muy pobre de otros lugares, los torturaba y los mataba, los hacía sufrir mucho, cortaban sus orejas y se las mostraban a todos los pobladores, a los que reunían cada semana para amedrentarlos.
[...]

Gumercinda.- Mi esposo fue conducido a la base militar de Capaya, lo tenían colgado de un árbol de eucalipto que está a la entrada de la base. Toda la gente del poblado pudo verlo colgado.

Lo pusieron en libertad pero volvieron a detenerlo y no sabemos más de él. Yo y mis hijos estamos traumados.
[...]

Edgar.- Mi padre fue torturado y quedó atontado, hoy se dedica sólo al licor.
[...]

Nicanor.- Nos ataban con una soga los pies y nos colgaban del techo, en esa posición recibíamos patadas en la barriga y golpes de puño en los riñones y los pulmones. A raíz de esos golpes tengo dolores en todo el cuerpo y en ocasiones boto sangre cuando hago mi deposición.
[...]

Roberto.- Durante la noche escuchaba gritos de mujeres a quienes los soldados perseguían en el patio del cuartel, las atrapaban, les rompían las ropas y las violaban. Algunas mujeres pedían que las mataran porque ya para qué serviría su vida. Al día siguiente los cuerpos estaban tirados con las piernas abiertas, algunas volteadas. Me ha espantado.

Fosas comunes en Capaya

El 25 de abril del 2001 el Teniente Alcalde de Capaya denunció ante la Defensoría del Pueblo en el Cusco el hallazgo de fosas comunes en su localidad. Representantes de la Defensoría del Pueblo en compañía de expertos del Equipo Peruano de Antropología Forense viajaron al lugar de los hechos y en presencia del representante del Ministerio Público verificaron la existencia de cinco fosas comunes, así como de otros dos lugares donde se encontrarían también restos humanos.

El descubrimiento de estas fosas comunes no se debió a una búsqueda expresa de ellas, sino a otras razones que motivaron las excavaciones: construcción del muro perimétrico de la iglesia, construcción del local del Club de Madres, construcción de la posta médica, y excavación hecha por un vecino para construir adobes.

Hay un área uno de cuyos lados se encuentra descubierto donde se ven huesos humanos.

No se sabe cuántas otras fosas comunes existen en la zona.

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

Este es un problema muy grande, hay quienes señalan que los afectados alcanzan a un millón de personas. El presente folleto es muy estrecho para presentar los múltiples aspectos del problema generado en los 20 años de guerra interna.

PUCALLPA

He escrito un folleto (“Vi sangre en Pucallpa”) acerca de esa masacre, acá voy a ser breve.

El gobierno de García había decidido comprar el maíz de los campesinos para venderlo él. La noticia fue recibida con beneplácito, pero éste se transformó en ira porque el gobierno recibió el maíz y durante meses no pagó. Esa fue la principal razón que impulsó a campesinos inmigrantes de la sierra y nativos del departamento de Ucayali con su capital Pucallpa, a realizar una huelga pidiendo que el gobierno pagara lo que les debía. Además presentaron reclamaciones locales.

La huelga fue reprimida brutalmente, la policía persiguió a los huelguistas con tiros al aire y envenenó la comida lanzando bombas lacrimógenas a la olla común.

Al ver resueltas las reclamaciones locales los campesinos decidieron levantar la huelga y, con el permiso de la autoridad local, el prefecto, realizar un mitin pacífico para finalizar la huelga.

Evitaron ir al mitin con herramientas, llevaban productos agrícolas en las manos.

Alan ordenó que ese mitin autorizado por el prefecto fuese bañado en sangre. La policía abaleó a un campesino que iba al mitin aunque él se cubrió con la bandera peruana para que no le dispararan.

Luego, cuando el conjunto de campesinos en la plaza comenzó a cantar el himno nacional para iniciar el pacífico mitin, fue abaleado de dos lugares. Asesinaron a 9 campesinos e hirieron a muchos.

Mi experiencia personal

Fue ahí donde me tocó saborear en persona el terrorismo de Alan.

A solicitud de las federaciones de campesinos y nativos de Ucayali fui designado por la Confederación Campesina del Perú (CCP), como Secretario de Organización, a acompañar la huelga.

Al dirigirme al mitin vi un reguero de sangre. Al iniciarse la entonación del Himno Nacional en la plaza, vi caer a compañeros a mi derecha e izquierda, abaleados por orden de Alan. Salí a rastras de la plaza, me dirigí al local donde funcionaba la federación campesina, fui sacado de ahí a empellones y puntapiés por policías encapuchados que a golpes me tumbaron en el suelo y despojaron el dinero. Me vendaron la cabeza con una manta y me arrastraron a un carro.

Afortunadamente esto fue visto por un campesino quien lo comunicó inmediatamente por teléfono a la CCP en Lima y ésta sin perder un minuto trasmitió la noticia a la Secretaría Internacional de Amnistía Internacional en Londres, la que prestamente la esparció por el mundo instando a una “Acción Urgente”. Fue así que antes de pasada una hora de mi detención comenzaron a llegar voces de todo el globo exigiendo mi libertad. Gracias a eso todavía continúo en este mundo y no he pasado a ser uno de los “desaparecidos” de la época de Alan.

Al llegar al cuartel de policía me bajaron del coche, me hicieron arrodillar a golpes y continuaron los puntapiés y los puñetazos en todo el cuerpo. Cuando por el cansancio me sentaba en los talones, a puntapiés me obligaban a arrodillarme nuevamente.

En la noche arrojaron mi cuerpo en un calabozo donde dormí en el suelo de cemento.

Al día siguiente el fiscal me tomó declaración y me trasladaron a Lima, a un calabozo de Seguridad del Estado, de donde escuchaba los escalofriantes gritos de los torturados.

Un juez me entrevistó y me preguntó si era cierto que en presencia del fiscal habían decomisado dinamita y armas en la habitación en que fui capturado. Dije que probablemente el fiscal era uno de los encapuchados que me golpeó, pero que lo de armas y explosivos era pura fábula.

El juez ordenó mi libertad, pero como Alan no estaba de acuerdo con eso, ordenó que me trasladaran a Pucallpa. En el aeropuerto me resistí físicamente a ser metido en el avión puesto que sabía la decisión judicial; llegó Javier Diez Canseco y él colaboró en el forcejeo. El director del aeropuerto dijo que no podía arriesgar la seguridad de los pasajeros introduciéndome al avión contra mi voluntad. Me devolvieron a un calabozo y al día siguiente tuve el lujo de ser conducido en un avión militar especial.

En Pucallpa me negué a declarar ante las autoridades judiciales puesto que ya el juez de Lima había decretado mi libertad. Comuniqué que me declaraba en huelga de hambre. A la hora de esto ya estuve libre.

CONCLUSIÓN

La legislación represiva tiene como objetivo fundamental la criminalización de la protesta.

Las principales víctimas son los defensores del medio ambiente, especialmente las poblaciones indígenas.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) está coordinando una campaña contra la mencionada criminalización. Comunicamos a las víctimas de ella, a los compañeros y compañeras que se encuentran procesados o procesadas, a quienes se encuentran en prisión, que deben comunicar sus casos a esa entidad, al correo de la compañera Raquel Palomino: raquel [arroba] aprodeh.org.pe, quien les pedirá los datos que necesita para atenderlos.

No es extraño el odio de Alan por las organizaciones de Derechos Humanos, sabe que ellas, canalizando el sentimiento popular, jugaron un rol importante en lograr que Fujimori fuera sentenciado por sus crímenes, es conciente de que no puede tener la seguridad de que con él no suceda lo mismo.

Como vimos, el gobierno se ha dotado de una fuerte legislación represiva, lo que sucede es que por el fortalecimiento del movimiento popular no puede aplicarla extensamente como quisiera.

Ahora no tiene el pretexto de Sendero Luminoso, por eso su afán por resucitarlo.

Si el pueblo le permitiera ya estarían encarcelados los dirigentes de las múltiples luchas, ya estarían destituidos los alcaldes de Moquegua, hoy ya estarían muertos o encarcelados centenares de valientes combatientes amazónicos.

Debemos y podemos impedir la represión que quisiera desplegar el gobierno terrorista.
Debemos y podemos hacerle retroceder.
La forma de conseguirlo aprendámosla de los hermanos en lucha.

¡Fortalezcamos las luchas existentes!

¡Apoyémoslas! ¡Extendámoslas! ¡Coordinemoslas!

Ediciones “Lucha Indígena”
Jr. Camaná 983 – 208 Lima – Lima
Teléfono 6989- 466

Agradezco los datos difundidos por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), por el doctor Wilfredo Ardito y por otras organizaciones y medios de comunicación. Sin embargo aclaro que la responsabilidad por lo expresado en este folleto es única y exclusivamente mía.